El exgobernador de Tamaulipas es señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto el amparo que en 2023 había frenado la captura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con lo que vuelve a estar vigente la orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En sesión pública, los nueve integrantes del Pleno respaldaron el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres para revocar la protección otorgada por una jueza federal. A consideración de la mayoría, la juzgadora rebasó los límites que marca la ley al analizar de fondo las pruebas presentadas por la Fiscalía, cuando en esa etapa procesal únicamente debía verificar si existían datos suficientes para justificar la orden de captura.
No obstante, durante el debate varios ministros cuestionaron que la propuesta no desarrolla con claridad el estándar constitucional que debe aplicarse para autorizar una orden que restrinja la libertad en la fase inicial de una investigación. El ministro Giovanni Figueroa señaló que, si bien el asunto fue atraído por su relevancia, el proyecto no establecía un criterio general que sirviera como guía para casos futuros.
La ministra Yasmín Esquivel coincidió en que la resolución debía corregir la actuación de la jueza, aunque advirtió inconsistencias similares en la argumentación del proyecto.
El expediente fue asumido por el máximo tribunal en octubre pasado con el argumento de que permitiría definir parámetros sobre la emisión de órdenes de aprehensión conforme a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, aún cuando el proceso penal apenas se encontraba en su fase inicial.
Cabeza de Vaca, quien encabezó el gobierno estatal entre 2016 y 2022, reside actualmente en Estados Unidos, país del que también posee nacionalidad. En noviembre de 2023 había obtenido un amparo al considerar la jueza que los hechos imputados no encuadraban en los delitos señalados. Con la nueva determinación del alto tribunal, esa protección quedó anulada y la orden de captura vuelve a surtir efectos.
